La ARN es el organismo que controla la actividad nuclear y cuyos dictámenes deberían privilegiar la seguridad, pero el memorando del 11 de abril de 2007 permaneció oculto mucho tiempo. Es que quienes integran la Autoridad Regulatoria Nuclear proceden de CNEA, con lo cual queda desvirtuada su independencia. De convalidarse la continuidad del proyecto Atucha II sin tener en cuenta ésas y otras advertencias, y la ausencia de un estudio público de impacto ambiental, equivale a poner en riesgo todas las ciudades localizadas alrededor de Lima -incluida Buenos Aires- y la zona centro del país. Llevar adelante una obra diseñada en la década de 1970 que comenzó a construirse en la década de 1980, todo ello sin auditorías externas y sin participación ciudadana, sólo puede ocurrir en una republiqueta sojera como Argentina. No en un país serio.
Tras décadas de construcción interrumpida la administración Kirchner reflotó la tecnología obsoleta de Atucha II en un lugar donde ya existe un reactor nuclear peligroso por su edad y su pésimo mantenimiento. La voluntad popular y las necesarias consultas públicas han sido reemplazadas por el autoritarismo burocrático de Julio de Vido. Un accidente nuclear grado 7 en la escala INES sería una tragedia ambiental y un colapso para todas las actividades económicas de varias provincias. No obstante, el gobierno K se empecina en terminar Atucha II y hasta indaga una tercera central nuclear en ese mismo sitio. Sospechosamente, la mayor oferta eléctrica que creen aumentar con las centrales nucleares solo beneficiaría a los grandes consumidores de corporaciones transnacionales, en especial las mineras. Sin audiencias públicas, con secretos y grandes contratos para empresas constructoras y energía subsidiada que consumirán las corporaciones mineras se construye la peor estafa y el mayor riesgo ambiental que jamás tuvo Argentina.
En Córdoba, sin ningún tipo de consulta previa y repitiendo metodologías de los gobiernos de facto –al amparo de los cuales surgió el programa nuclear de Argentina- se decidió la extensión de la vida útil de Embalse por otros 25 años. Una central insegura y obsoleta provista con reactor Candu de origen canadiense, que ha sufrido accidentes graves, que ha tenido numerosas pérdida de agua pesada contaminada radiactivamente y que descarga importantes cantidades de tritio radiactivo al aire y al agua extenderá ahora sus problemas –pero con mayor riesgo de accidente- por más de dos décadas.
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